Cuando Almoradí consiguió tener cárcel propia
¿Sabías que en el Almoradí de 1583 una persona podía acabar entre rejas no solo por cometer un delito, sino también por tener deudas? ¿Y que la justicia de aquella época contemplaba castigos tan terribles como la mutilación de miembros o la pena de muerte?
Son algunos de los aspectos más sorprendentes del privilegio que Felipe II concedió a Almoradí el 5 de octubre de 1583, cuando nuestro pueblo consiguió independizarse administrativamente de Orihuela.
Entre sus 34 capítulos encontramos disposiciones que nos permiten conocer una realidad bastante más dura que la actual.
Una cárcel para Almoradí
Hasta entonces, Almoradí dependía de Orihuela en numerosos asuntos judiciales. Con el nuevo privilegio obtuvo competencias para administrar justicia y, entre ellas, la autorización para disponer de su propia cárcel.
El capítulo 32 resulta especialmente revelador. Permitía establecer prisiones para custodiar a quienes debieran ser encarcelados, tanto por asuntos civiles como por causas criminales, siempre dentro de las competencias concedidas a la justicia local.
Y aquí aparece un detalle que hoy puede sorprendernos: también se podía encarcelar a una persona por deudas.
En aquella sociedad, no cumplir determinadas obligaciones económicas podía tener consecuencias mucho más graves que una reclamación judicial.
Carceleros que podían ser destituidos y castigados
El documento también regulaba quién debía encargarse de vigilar a los presos.
La justicia de Almoradí podía nombrar carceleros, sustituirlos cuando lo considerase oportuno y exigirles responsabilidades por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
La cárcel, además, debía construirse a expensas de la propia comunidad.
Es decir, disponer de una prisión era un símbolo de autonomía, pero también suponía asumir sus gastos y responsabilidades.
Y hay un detalle particularmente llamativo: el privilegio contemplaba que el propio carcelero pudiera ser juzgado y castigado por las faltas cometidas en el desempeño de su cargo, aunque excluía de esa facultad las penas de muerte y mutilación.
La muerte y las mutilaciones estaban presentes en la justicia
Quizá lo más estremecedor del privilegio sea comprobar la naturalidad con la que se mencionan castigos que hoy nos parecen inconcebibles.
El documento hace referencia a penas como la muerte natural —expresión jurídica utilizada para referirse a la ejecución de una persona— y la mutilación de miembros.
Pero conviene aclarar algo importante: Almoradí no recibió libertad para imponer cualquier castigo.
La justicia local tenía competencias limitadas. Los delitos más graves y las penas más severas quedaban reservados a autoridades superiores.
Por tanto, que estas condenas aparezcan en el privilegio no significa que se ejecutaran en nuestro pueblo.
Una justicia muy diferente a la actual
En el siglo XVI, la cárcel no tenía necesariamente la misma finalidad que hoy asociamos al cumplimiento de una condena.
Con frecuencia servía para custodiar a los acusados mientras se resolvía su situación judicial, asegurar la presencia de un deudor o mantener detenida a una persona por orden de la autoridad competente.
Las penas podían consistir en multas, castigos corporales y otras sanciones previstas por la legislación de la época.
El nuevo privilegio permitió que una parte de estos asuntos comenzara a resolverse desde las propias instituciones de Almoradí, aunque siempre bajo los límites establecidos por la Corona.
Fuentes documentales
- Privilegio de Universidad concedido a Almoradí por Felipe II, San Lorenzo de El Escorial, 5 de octubre de 1583. Capítulo 33. Transcripción publicada por David Bernabé Gil, pp. 471-480. Archivo del Reino de Valencia, Real Cancillería, Diversorum, registro 357, folios 81v-98v.